Opinión · Patrimonio y Memoria

La cruzada del ministro contra un ángel

Torres ordena demoler la obra de un escultor republicano represaliado sin esperar al catálogo canario, ignorando informes artísticos y su propio historial de derrotas judiciales.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dado seis meses al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para retirar del espacio público el monumento del Ángel, obra de Juan de Ávalos, tras incorporarlo al catálogo estatal de vestigios contrarios a la memoria democrática. La resolución llega envuelta en una afirmación tan rotunda como discutible: que la escultura, en sus palabras, «representa a Franco, a la dictadura y tiene símbolos franquistas», y que carece de todo valor artístico que justifique su permanencia. Conviene examinar esa doble tesis con el rigor que el propio ministro dice reclamar, porque cuando se contrasta con los hechos, lo que aparece no es una decisión técnica, sino una operación política con demasiadas costuras a la vista.

Un ministro corregido ya por los tribunales que vuelve a tropezar

El primer problema de Torres no es lo que dice, sino lo que ya hizo. Tenerife vivió en el pasado intentos de catalogar este mismo monumento como vestigio franquista que los tribunales tumbaron tras los recursos del propio Ayuntamiento. Uno de esos intentos fue el catálogo que el propio Torres impulsó siendo presidente de Canarias, específico para Santa Cruz, anulado por la Justicia. Que quien ya fue corregido por los jueces reincida ahora con idéntica premura, desde un sillón ministerial, no habla de convicción jurídica sino de obstinación. La ley obliga al Gobierno de Canarias a elaborar un catálogo autonómico de vestigios que abarque todos los municipios y una estrategia que debe pasar por el Parlamento regional. Torres no ha esperado ni siquiera a que ese catálogo esté concluido: ha actuado por delante de la Administración competente, sobre el objetivo más visible, con las mismas prisas que ya le costaron una derrota.

La contradicción de los informes: cuando «no hay valor artístico» es solo una opinión

El ministro afirma que la obra «no tiene ningún valor artístico», amparándose en la comisión técnica y en el rechazo del Consejo de Patrimonio de Canarias a declararla Bien de Interés Cultural. Pero el propio Ayuntamiento sostiene disponer de tres informes que avalan que el conjunto escultórico puede contener valores artísticos a proteger, y algunas tasaciones elevan su valor a cifras millonarias. Cuando existen informes técnicos enfrentados, la afirmación tajante de que «no hay valor artístico» deja de ser un hecho acreditado para convertirse en una elección entre criterios contradictorios: precisamente la elección que más conviene a la tesis política previa. El rigor exigiría reconocer la controversia técnica, no zanjarla por decreto. Torres presenta como verdad cerrada lo que es, en el mejor de los casos, una posición discutida entre expertos.

El objetivo más fácil: una retirada selectiva que se delata sola

Si la motivación fuera puramente técnica y memorialística, la actuación sería homogénea. No lo es. El propio alcalde de Santa Cruz ha señalado que el Ministerio evita actuar contra otros vestigios evidentes, como el Monumento a los Caídos de la Plaza de España, y elige el del Ángel «por ser lo más fácil». Esa selectividad es reveladora: no se persigue un criterio, se persigue un símbolo rentable. A ello se suma la confusión de papeles que denuncian las instituciones canarias. El vicepresidente segundo del Cabildo ha llegado a afirmar que «ya no se sabe» cuándo Ángel Víctor Torres actúa como ministro del Gobierno de España y cuándo como secretario general del PSOE canario. Cuando la frontera entre el cargo institucional y el interés partidista se difumina hasta ese punto, la presunción de decisión técnica se desvanece.

La paradoja que el ministro prefiere no explicar: la piqueta contra un represaliado

Hay un hecho que ninguna resolución ministerial logra digerir: Juan de Ávalos fue un escultor represaliado por el franquismo. Depurado por el régimen en 1947, con carnet número 7 de las Juventudes Socialistas de Mérida en 1936, encarceló su republicanismo en una biografía que el propio ministro reconoce al llamarlo «republicano represaliado». La paradoja es difícil de sostener ante cualquier lector de buena fe: un Gobierno que se reclama de izquierdas envía a la piqueta la obra de un artista represaliado por la dictadura, en lugar de contextualizarla o resignificarla como permite la propia ley. Si la memoria democrática consiste en algo, no debería ser en destruir el legado de quienes sufrieron la represión, sino en explicarlo. La demolición no honra la memoria: la empobrece.

Origen y significado no son lo mismo: el error de fondo del ministerio

Sería deshonesto negar que el conjunto nació en un contexto franquista; la documentación de época existe y quienes defienden el monumento con seriedad no la ocultan. Pero el ministro comete un salto lógico que conviene señalar: confunde el origen histórico de una obra con su significado presente y con su destino legal. La Ley de Memoria Democrática contempla la resignificación y la contextualización como alternativas a la retirada, precisamente porque el legislador entendió que no todo vestigio debe desaparecer bajo la excavadora. Reducir un conjunto escultórico de indudable calidad técnica —obra de uno de los grandes escultores españoles del siglo XX— a un mero problema de orden público memorialístico, resoluble a martillazos en seis meses, es renunciar a esa vía intermedia que la ley ofrece. La pregunta pertinente no es si la obra nació en 1966, sino qué representa hoy para una ciudad y por qué la solución del ministro es siempre la más drástica y nunca la más inteligente.

Conclusión: menos cruzada y más rigor

Ángel Víctor Torres ha convertido un debate patrimonial legítimo en una cruzada política con calendario electoral de fondo. Ha actuado por delante de la Administración competente, ha ignorado informes artísticos que contradicen su tesis, ha elegido selectivamente el objetivo más rentable, ha reincidido en una vía que los tribunales ya le anularon y ha dirigido la piqueta contra la obra de un represaliado republicano. Puede que el ministro gane el titular, pero pierde el argumento. Defender el patrimonio, contextualizar lo que deba contextualizarse y respetar las competencias no convierte a nadie en franquista: convierte en demócrata a quien prefiere la explicación a la demolición. Lo que Santa Cruz de Tenerife necesita no es un ministro con prisa y piqueta, sino rigor, diálogo y respeto a la legalidad. Justo lo que hasta ahora ha faltado.

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