En los últimos días hemos conocido que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMH Tenerife) ha reclamado públicamente que el Gobierno de Canarias destine fondos públicos y asistencia jurídica para sostener las acciones judiciales con las que pretende defender la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en los tribunales, citando expresamente el procedimiento abierto en torno al monumento de Santa Cruz de Tenerife y los recursos sobre el catálogo de vestigios.

Desde Defendamos Tenerife manifestamos nuestro rechazo a que se empleen recursos de todos los canarios para financiar los pleitos de una entidad de carácter privado que responde a una determinada visión ideológica de la historia. No cuestionamos su derecho a acudir a la justicia; cuestionamos que la factura la pague el conjunto de los contribuyentes.

Una cosa es el derecho a litigar y otra que lo paguemos todos

Cualquier colectivo tiene derecho a defender sus planteamientos ante los tribunales. Ese derecho, sin embargo, no puede traducirse en la exigencia de que sean todos los ciudadanos —piensen como piensen— quienes costeen personaciones, abogados y procedimientos que responden a los intereses de una organización concreta. Quien decide litigar en defensa de sus convicciones debe asumir también la responsabilidad económica que ello comporta.

Se puede defender una causa sin dinero público, nosotros lo hacemos

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, con la que compartimos la defensa del patrimonio de esta tierra, nunca ha recibido un solo euro de dinero público para desarrollar su actividad. Sus investigaciones, campañas de divulgación, iniciativas ciudadanas y acciones legales se han financiado íntegramente con el esfuerzo de sus socios y colaboradores, sin recurrir al presupuesto de ninguna administración.

Las prioridades de lo público son otras

Los impuestos de los canarios deben destinarse, de forma prioritaria, a reforzar los servicios esenciales —sanidad, educación, atención social— y a la conservación del patrimonio común, que es de toda la ciudadanía. Detraer recursos de esas necesidades para sufragar litigios promovidos por colectivos particulares supone invertir el orden de lo importante.

Las instituciones no deben ser instrumento de una sola lectura de la historia

La protección del legado histórico y artístico debe hacerse con rigor, independencia y respeto, sin convertir a las instituciones públicas en herramientas al servicio de una posición ideológica. La historia debe servir para comprender nuestro pasado y preservar nuestro legado, no para profundizar en la confrontación ni para promover políticas que favorecen la división en lugar de la convivencia.

Somos conscientes de que quienes reclaman estos fondos alegan que los costes judiciales son elevados y que la Ley canaria de memoria se aprobó por unanimidad en 2018. Pero ni la existencia de una ley obliga a financiar con cargo al erario los pleitos de una parte, ni el coste de litigar convierte una iniciativa privada en un gasto que deba asumir toda la comunidad.