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La madrugada del pasado 8 de marzo, un grupo extrema izquierda atentó contra la escultura del Ángel de La Paz

Pintura contra el monumento en Tenerife del escultor del Valle de los Caídos

El conjunto de Ávalos está inmerso en un proceso judicial para su declaración como BIC y tiene concedidas medidas cautelares de protección

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel ha presentado una denuncia por vandalismo contra el monumento del escultor del Valle de los Caídos en Santa Cruz de Tenerife después de que el 8-M –Día de la Mujer– el conjunto de Juan de Ávalos apareciera manchado con pintura morada.

Según la denuncia, «en la madrugada del 7 al 8 de marzo, un grupo anónimo de feministas» realizó lo que «en un comunicado publicado en el perfil de la red social Instagram de Radio Pimienta» denominaron «acción directa», lo que los denunciantes consideran «representaría un presunto delito de daños» sobre «una escultura que forma parte del patrimonio histórico de la comunidad canaria» y que «está inmersa además en un procedimiento judicial para su declaración como BIC y tiene concedidas medidas cautelares de protección por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias».

La escultura, según la asociación chicharrera, «tiene un valor artístico tasado en 45 millones de euros, según un informe pericial para la Fundación Juan de Ávalos», y «ha venido ocupando un puesto preferente de la ciudad desde hace más de 50 años».

Recuerda la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel que, «además de la responsabilidad que puede ocasionar toda agresión al patrimonio público, en esta ocasión, habrá que estar a los supuestos específicos del artículo 323 y 324 del Código Penal», que recogen castigos con la pena de prisión de «seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses al que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental», y si «se hubieran causado daños de especial gravedad», podrá «imponerse la pena superior en grado a la señalada». Asimismo, «en todos estos casos», se «podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado». El artículo 324 «extiende la responsabilidad incluso sobre aquellos actos imprudentes que afecten a estos elementos».

En la lucha por eliminar el monumento en base a la Ley de Memoria Democrática, el Cabildo manifestó recientemente que llevará ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la retirada del conjunto en Santa Cruz de Tenerife. María José Belda, consejera no adscrita, presentó esta propuesta porque «el desalojo ha quedado paralizado». Cabe recordar que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña decidió no ejecutar la retirada de la obra de Juan de Ávalos hasta que esté completo en todo en el archipiélago el catálogo de los vestigios del franquismo que elabora el Gobierno de Canarias.

La obra de Ávalos, tras sufrir el ataque con pintura el pasado 8 de marzo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Partido Popular y la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel mostraron su rechazo al catálogo, que fue aprobado por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica con los votos en contra del alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), y del primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra (PP), partidarios de un inventario para toda Canarias, y no solo para la capital tinerfeña. El consistorio ha optado por la vía judicial en un recurso al que se han sumado los de la asociación San Miguel Arcángel, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y las familias de dos de los damnificados, Francisco García Escámez, que fue gobernador militar de Gran Canaria y estuvo al frente del Mando Económico de las islas, y el reconocido fotógrafo chicharrero Adalberto Benítez.

Radio Pimienta ha sido el portavoz informativo del grupo que ha reivindicado el ataque el conjunto artístico patrimonial.

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