Artículo publicado por el diario el Día el pasado 15 de mayo de 2024
El Gobierno de Canarias, a petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, está tramitando la anulación del catálogo de símbolos franquistas aprobado en 2022. Este documento, impulsado por el anterior Ejecutivo, ordenaba la retirada de 79 vestigios de la dictadura en la capital tinerfeña, incluyendo el monumento a Franco en la avenida de Anaga.

Contexto y justificación:
El catálogo fue aprobado por la extinta Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en manos del PSOE en ese momento. Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, liderado por José Manuel Bermúdez, argumentó que el documento era «ilegal» por centrarse exclusivamente en un solo municipio y lo llevó a los tribunales. Los magistrados aceptaron la anulación cautelar del catálogo hasta que se resolviera el pleito judicial.
Procedimiento de anulación
El Boletín Oficial de Canarias publicó un anuncio de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, iniciando el trámite de audiencia para la revocación del catálogo. El Ejecutivo actual, gobernado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), aceptó el requerimiento del Ayuntamiento para derogar la Orden de 4 de noviembre de 2022. Se ha abierto un plazo de diez días para que los interesados presenten sus alegaciones.
Declaraciones oficiales:
El alcalde José Manuel Bermúdez ha declarado que la revocación se debe a los «reveses judiciales» sufridos por el anterior Gobierno y que el catálogo «se aprobó mal desde el principio» y «de manera absolutamente desproporcionada».
Símbolos afectados:
Entre los 79 vestigios que el catálogo original ordenaba retirar se encuentran:
- Monumento a Franco (1966) en la avenida de Anaga.
- Monumento a los Caídos (1947) en la plaza de España.
- Busto a Joaquín Amigó de Lara (1986).
- Placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957).
- Lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975).
Recursos y suspensiones:
Contra este catálogo se interpusieron tres recursos:
Uno por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz y dos por asociaciones culturales.
Los magistrados aprobaron la suspensión cautelar del documento hasta la resolución de los procedimientos judiciales, rechazando los recursos de reposición presentados por el anterior Gobierno.
Conclusión:
La anulación del catálogo de símbolos franquistas en Santa Cruz de Tenerife refleja un complejo proceso judicial y administrativo, impulsado por el actual Gobierno canario y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Este caso subraya la importancia de la legalidad y la proporcionalidad en la gestión de la memoria histórica y el patrimonio cultural.
