El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha confirmado que el Ayuntamiento recurrirá antes de que termine noviembre la orden del Ministerio de Memoria Democrática que obliga a retirar el Monumento a la Paz de Juan de Ávalos de la avenida de Anaga. El plazo que fija el Estado vence, como muy tarde, en febrero de 2027.
Así lo explicó en una entrevista con Diario de Avisos, en la que se mostró convencido del resultado. Defenderá ante los tribunales la protección del monumento, «y voy a ganar», aseguró.
Suspensión cautelar para evitar un daño irreparable
Junto al recurso, el Ayuntamiento pedirá medidas cautelares que paralicen cualquier actuación hasta que haya sentencia. El alcalde advierte de que desmontar el conjunto podría causar a la obra un daño que ya no tendría arreglo. «Voy a pedir que se suspenda el dictamen del Estado», señaló.
La protección municipal como base del recurso
Bermúdez sostiene que hay motivos jurídicos para proteger el monumento por su valor artístico. Recuerda que el conjunto es de titularidad municipal y que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico ya ha reconocido sus valores artísticos. Su inclusión en el catálogo municipal de bienes protegidos será el fundamento tanto del recurso como de la petición de cautelares, después de que el Gobierno de Canarias rechazara declararlo Bien de Interés Cultural.
El alcalde insiste en que el Ayuntamiento cumplirá la Ley de Memoria Democrática, porque la propia norma permite mantener en el espacio público elementos con valor artístico cuando están protegidos. Su objetivo, dice, es proteger el patrimonio del municipio y aplicar la ley tal y como está escrita.
Críticas al Estado y al Gobierno de Canarias
Bermúdez considera extraño que el Estado se haya centrado solo en esta obra entre los muchos vestigios de la misma época que quedan en Canarias. Recuerda también que los gobiernos socialistas que pasaron por el Ayuntamiento y por otras administraciones no actuaron contra el monumento durante años. Y critica que el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres aprobara un catálogo de vestigios franquistas solo para Santa Cruz, una medida que los tribunales acabaron anulando.
Sobre las críticas de Izquierda Unida por el coste del recurso, el alcalde las calificó de falacia. El recurso lo preparan los servicios jurídicos municipales, sin contratar a ningún despacho externo, y por tanto no supone un gasto añadido para los vecinos.
Dos frentes en los tribunales
El recurso municipal se suma al que la Asociación San Miguel Arcángel ya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el decreto que negó la declaración de BIC, admitido a trámite este mes. Ayuntamiento y asociación coinciden en lo esencial. Una obra de arte de este valor no debe desmontarse mientras los tribunales no hayan dicho la última palabra.
Con información de Diario de Avisos, 24 de octubre de 2026.